Anula juez federal orden de destitución de edil monclovense

Un juez federal resolvió dejar sin efectos el dictamen del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) que ordenaba la destitución del alcalde de Monclova, Gerardo García Castillo y de otros tres funcionarios municipales, por considerar que la sanción es infundada e incongruente.

El pasado 2 de febrero el Juzgado Cuarto de Distrito de Monclova concedió la suspensión provisional de una multa de 150 salarios mínimos impuesta en el acuerdo E68/64 por el Consejo General del ICAI el 27 de octubre de 2016.

Asimismo, dejó sin efecto el resto de las acciones, entre ellas la establecida en la más reciente sesión efectuada en el municipio de Guerrero, en la que se dictaminó la destitución e inhabilitación de los mencionados servidores públicos, según consta en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal expediente 9/2017.

De acuerdo con los argumentos del juez, Special; sin embargo, no establece cuál información es la faltante.

En razón de lo anterior, el Ayuntamiento presentó una demanda de amparo el 26 de diciembre, cuya resolución del juez se dio el pasado 2 de febrero, concediendo la suspensión provisional de las acciones del organismo garante de la trasparencia, en tanto se revisa el fondo del asunto.

El consejo del ICAI resolvió que el tesorero Juan Carlos Terrazas; el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, José Alfredo Paredesy Arlet Botello, encargada de la Unidad de Transparencia, han sido negligentes respecto al cumplimiento de la ley al no entregar la información al ciudadano, y en el caso del alcalde Gerardo García, por permitir la reincidencia.

El juzgado estableció además que el ICAI no notificó de las sanciones ni de los motivos de la misma con detalle, por lo cual la acción es infundada e incongruente. Cabe mencionar que entrevista previa para CAPITAL COAHUILA, el alcalde Gerardo García Castillo declaró que desconocía de las acciones en su contra, toda vez que no había sido notificado por el instituto al respecto, y argumentó que, del 100 por ciento de solicitudes respondidas, el 95 era del legislador César Flores Sosa, quien se había quejado por falta de información.