Serranías, bajadas, valles y llanuras la conforman. Cientos de especies de flora y fauna habitan el lugar, un alto número de ellas hoy se encuentran en peligro de extinción. Se trata de la sierra de Zapalinamé, un área natural protegida que es víctima de ecocidio, una depredación permitida por autoridades municipales.
A pesar de que el gobierno del estado decretó a la sierra como zona sujeta a conservación ecológica el 15 de octubre de 1996, desde hace algunos años está invadida por miles de viviendas, en algunos casos, construidas de manera ilegal; pero las de mayor impacto son edificadas por grandes constructoras con la autorización de la administración de Isidro López Villarreal.
Intereses comerciales y familiares esconden las graves omisiones e irregularidades que están dañando el equilibrio ecológico de uno de los principales captadores de agua, el cual abastece a la tercera parte de la población de Saltillo, unos 600 mil habitantes.
Al inicio de la administración de Isidro López, el director de Desarrollo Urbano, Fernando Pérez Charles, presentó un plan director, aprobado por el cabildo y publicado en mayo de 2014. Por unanimidad, los regidores de todos los partidos políticos autorizaron el proyecto, sin saber que se trataba de un ecocidio.
Dicho documento, que violenta las leyes federales, consideraba el crecimiento de la ciudad con fraccionamientos que serían construidos en zonas forestales, por encima de la cota 1800, según lo confirman los planos y gráficas que integran el Plan de Desarrollo Urbano.
Estos complejos habitacionales están a cargo de las empresas Ruba, Davisa, Server y Consorcio Constructor Saltillo (Coconsa), esta última, propiedad de María Berlanga, esposa de Rosendo Villarreal, ex alcalde de Saltillo y tío del actual presidente municipal, Isidro López Villarreal.
OMITEN IMPACTO AMBIENTAL
En todos los casos están construyendo al sur de la ciudad, en fraccionamientos como Ampliación Lomas del Refugio, Lomas de Monteverde y otros que apenas están en proceso de desmonte.
Fernando Pérez otorgó a las constructoras permisos para el cambio de uso de suelo en una zona forestal; sin embargo, omitió un trámite previo y obligatorio: el manifiesto de impacto ambiental.
A través de un trabajo de investigación fue posible confirmar que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) nunca otorgó el permiso correspondiente para la zona.
De hecho, nunca fue solicitado, el ayuntamiento local les entregó la licencia de cambio de uso de suelo y autorizó el inicio de las obras sin el aval de la dependencia federal.
Cabe recordar que el Congreso del estado aprobó en 2007 la adición de un segundo párrafo al Artículo 69 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado de Coahuila, con adecuaciones respecto a la delimitación de un área natural protegida de la sierra de Zapalinamé, por lo que se estableció como límite para el desarrollo urbano la cota 1800.
Jessica Rosales
SIG