La administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio a conocer el viernes guías para que las escuelas públicas a través del país faciliten a estudiantes transgénero el uso de instalaciones tales como baños, a partir del género con que éstos se identifican.
En una carta conjunta de los departamentos de Educación y Justicia, el gobierno indicó que estas guías buscan la manera de “asegurar mejor que los estudiantes transgénero disfruten de un medio ambiente escolar que no discrimine”.
Ambas dependencias recordaron que bajo el título IX de la Ley de Educación de 1972, las escuelas que reciben fondos federales no deben discriminar a partir del sexo del estudiante, “incluyendo el estatus de transgénero de un estudiante”.
Las guías van más allá del acceso a baños, ya que refieren otros aspectos tales como el derecho a la privacidad, archivos estudiantiles y actividades deportivas.
Aunque las escuelas públicas que reciben fondos federales no están obligadas a observar estas guías, su negativa pondría en riesgo el acceso a los mismos.
El anuncio se produce en medio de la batalla legal que el gobierno mantiene con el estado de Carolina del Norte después de la promulgación de una ley que prohíbe a personas transgénero el uso de baños a partir del género con que se identifican.
El pasado lunes el Departamento de Justicia presentó una demanda contra ese gobierno estatal para forzarlo a derogar o modificar la ley HB2 o Ley de Privacidad y Seguridad de las Instalaciones Públicas, por considerarla discriminatoria.
La demanda ante una corte federal en ese estado precedió la que fue presentada en esa misma jurisdicción por el gobierno de Carolina del Norte, pidiendo determinar si el gobierno federal puede llevar a corte al estado, tras incumplir el plazo que le fue otorgado para derogar dicha ley.
A pesar de esta acción, el gobierno se reservó por ahora su derecho de cortar los fondos federales que el Departamento de Seguridad Pública y la Universidad de Carolina del Norte reciben, bajo la condición de cumplir con la Ley de Derechos Civiles de 1964.
El gobierno invocó una cláusula de dicha ley para su amago inicial y su demanda posterior, que el gobernador de ese estado, Pat McCroy, calificó como una interpretación radical de la misma.
AM/OPB