Pelearán recursos federales en seguridad

VICTOR BARRÓN, RAÚL R. DE SANTIAGO, JESSICA ROSALES

Durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, los diputados federales por Coahuila del PRI y del PAN, pugnarán para que no se reduzcan los recursos destinados a la seguridad de la entidad, al considerar que conservar la tranquilidad requiere mantener las inversiones en policías, inteligencia, cámaras, patrullas e infraestructura, afirmaron los legisladores Marcelo Torres Cofiño y Theodoros Kalionchiz.

Ambos señalaron que vigilarán que el presupuesto federal reconozca los resultados alcanzados por Coahuila y garantice los recursos necesarios para sostenerlos. El Paquete Económico 2027 fue entregado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre y se encuentra en proceso de análisis; la Ley de Ingresos deberá aprobarse en octubre, mientras que el Presupuesto de Egresos tendrá como fecha límite el 15 de noviembre.

Marcelo Torres Cofiño, diputado federal del PAN, advirtió que reducir los recursos destinados a este rubro representaría un riesgo, pues resultaría más costoso recuperar la seguridad después de perderla que conservar las condiciones alcanzadas mediante el trabajo de autoridades estatales, municipales y corporaciones policiales.

“Coahuila ha logrado resultados importantes en seguridad y eso no ocurrió de milagro. Ha habido trabajo del gobierno del estado, de la Fiscalía, de nuestras policías, de los municipios y de muchas instituciones. Pero, sobre todo, ha habido hombres y mujeres que todos los días van a trabajar para protegernos”, expresó.

Comparó la seguridad pública con una familia que, después de invertir en cerraduras, iluminación y cámaras para proteger su vivienda, decide abandonar esas medidas por considerar que el problema ya está resuelto.

“No esperemos a que un estado pierda la tranquilidad para después gastar una fortuna en recuperarla. Sale muchísimo más caro recuperar la seguridad que conservarla”, sostuvo.

Además de este rubro, consideró prioritario fortalecer la infraestructura eléctrica, ante el riesgo de que la insuficiencia de energía limite la llegada de nuevas empresas y la generación de empleos en Saltillo, Ramos Arizpe, La Laguna, Monclova, Frontera y la Región Carbonífera.

También señaló que el proyecto identifica alrededor de 128 mil 934 millones de pesos para Coahuila, frente a aproximadamente 118 mil millones aprobados para 2026. Aclaró, sin embargo, que ese monto incluye participaciones, aportaciones, programas etiquetados y proyectos ejecutados directamente por la Federación, por lo que no representa dinero de libre disposición para el gobierno estatal.

“Una cosa es cuánto dinero aparece en la cuenta general y otra cuánto puedes utilizar para resolver tus necesidades”, manifestó. Advirtió, además, que el aumento debe compararse con la inflación, porque “más dinero, sí, pero te alcanza para menos”.

Reconoció como positivas las inversiones planteadas para un nuevo hospital regional en Saltillo y la ampliación de servicios especializados del Hospital General de Zona número 71 del IMSS, en Torreón, aunque subrayó que también deberán garantizarse recursos para médicos, medicamentos, insumos y mantenimiento.

Por su parte, el diputado federal del PRI por Coahuila, Theodoros Kalionchiz de la Fuente, señaló que una de sus prioridades será impedir recortes a los recursos de seguridad y comprobar que las inversiones anunciadas para el estado queden expresamente etiquetadas.

“Que no se quite ningún dinero para seguridad, porque Coahuila está haciéndolo bien. Y también que no se quite ningún recurso de infraestructura; que lo que están diciendo, lo concreten”, declaró.

Indicó que revisará la asignación propuesta para la modernización del corredor carretero entre Saltillo y Monclova, incluida la zona de Los Chorros, una obra que, afirmó, ha sido postergada pese a los recursos anunciados anteriormente.

También buscará financiamiento federal para las plantas tratadoras de aguas residuales de Nueva Rosita y Sabinas, así como recursos para la planta de Monclova, la operación de unidades médicas y proyectos relacionados con el abasto de agua en la región Carbonífera.

Coincidieron en que el debate no deberá limitarse al crecimiento nominal del presupuesto, sino concentrarse en cuánto dinero estará realmente disponible para sostener la seguridad y concretar obras estratégicas que permitan a Coahuila conservar su estabilidad y capacidad de crecimiento.

Deuda federal reduce margen para nuevas inversiones en el país: Marcelo Lara

Marcelo Lara Saucedo integrante del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Coahuila Sureste, señaló que uno de los principales focos de riesgo es el crecimiento de la deuda pública del país, debido a que una proporción cada vez mayor de los ingresos federales se encuentra comprometida con obligaciones previamente adquiridas.

Explicó que el proyecto considera alrededor de 1.9 billones de pesos de deuda y que los pasivos acumulados del país ya superan los 20 billones. De mantenerse esta tendencia, estimó que al cierre de la actual administración podrían ubicarse entre 24 y 25 billones de pesos, por encima de 55% del producto interno bruto.

“Prácticamente, de cada peso, 80 centavos ya están comprometidos al día de hoy entre pago de deuda y todos los compromisos que tiene el gobierno federal, y te queda muy poco para nuevas inversiones, inversión más productiva e infraestructura”, indicó.

Señaló que los programas sociales, las pensiones, las transferencias directas y los proyectos prioritarios concentran una parte importante del presupuesto. Si la recaudación resulta insuficiente para cubrir esos compromisos, agregó, el gobierno tiene que recurrir a más financiamiento.

Advirtió que la deuda genera intereses que terminan por desplazar recursos que podrían utilizarse para mejorar la productividad y la calidad de vida de la población. “Te come los intereses, partidas que pudieras aprovechar en otras cosas”, expresó.

Consideró que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene poco margen para modificar la distribución del gasto debido a los compromisos acumulados, por lo que uno de los rubros con mayores limitaciones sería el desarrollo de infraestructura en los estados.

“Quizá donde faltaría es en el desarrollo de infraestructura al interior del país: infraestructura ferroviaria, carreteras y aeropuertos. Creo que es la parte que sigue sin atención”, manifestó.

Para 2027 también anticipó un escenario de crecimiento económico conservador, condicionado por la relación comercial con Estados Unidos, la revisión del tratado comercial y los cambios políticos que puedan presentarse en ese país.

En materia inflacionaria, consideró que el indicador se ha mantenido relativamente controlado, aunque anticipó riesgos por las condiciones climáticas de la temporada invernal y su efecto sobre frutas, verduras, carne y otros alimentos.

Estimó que la canasta básica podría aumentar entre 5 y 6 por ciento desde el inicio de 2027, con un impacto directo sobre el poder adquisitivo de las familias. “La canasta siempre va a estar en aumento porque es un tema natural de la economía y los precios. La proporción con el crecimiento del salario tampoco va a la par”, apuntó.

Industria de México enfrentaría mayor carga fiscal: Emilio Ortiz

El experto en finanzas, integrante del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Coahuila Sureste, Emilio Ortiz Leos, advirtió que algunas de las disposiciones fiscales propuestas para 2027 podrían afectar principalmente a las empresas medianas y grandes, particularmente al sector industrial y manufacturero.

Explicó que uno de los cambios de mayor relevancia sería la limitación de deducciones para compañías con ingresos superiores a 50 millones de pesos. De acuerdo con su análisis, la medida buscaría que estas empresas reporten al menos un margen fiscal de utilidad y paguen impuestos incluso cuando atraviesen periodos de arranque o registren pérdidas.

“Eso va a implicar que empresas que no estén generando utilidades se vean forzadas a un pago de impuesto. Si esto lo abonamos con la falta de estímulos fiscales, de facilidades y con algunas limitantes a deducciones, sí va a representar una carga importante para el sector privado”, afirmó.

Añadió que las industrias de la región deberán revisar las restricciones aplicables a pérdidas fiscales, intereses, nómina y prestaciones, además de calcular desde ahora el posible impacto dentro de sus presupuestos para 2027.

“Aquí, en Coahuila Sureste, las empresas manufactureras y el sector industrial tendrán una serie de consideraciones que deberán incluir en sus presupuestos, porque más de una va a tener afectaciones considerables”, advirtió.

Contrastó estas medidas con la elevada informalidad laboral del país, la cual ubicó por encima de 55 por ciento. Señaló que la recaudación continúa concentrándose en impuestos directos, especialmente el impuesto sobre la renta, que recae fundamentalmente sobre los negocios y trabajadores formales.

También identificó aspectos favorables para determinados contribuyentes, como la posible ampliación del límite de ingresos del Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas, de 3.5 a 5 millones de pesos, así como facilidades para pequeñas personas morales y una menor retención del ISR sobre intereses para los ahorradores.

Aclaró que las disposiciones todavía forman parte de una propuesta y podrían modificarse durante el proceso legislativo. Por ello, recomendó que las empresas comiencen a medir los efectos y presenten sus inquietudes ante diputados y senadores.

“Hay que estar muy atentos a lo que viene de la reforma fiscal. Por lo pronto es una propuesta, no ha sido aprobada. Yo veo espacios para negociación”, puntualizó.