Dobleces

Los pendientes de Samuel

Israel Mendoza Pérez

@imendozape

El gobierno de Samuel García convirtió durante buena parte de su administración la obra pública y el Mundial en vitrinas políticas. La promesa era que Nuevo León llegaría al torneo con nuevas líneas de Metro, mejor movilidad y una infraestructura capaz de mostrar al mundo el supuesto nuevo rostro del estado. La realidad lo rebasa: obras inconclusas, afectaciones viales y proyectos a medias que terminaron más como promesas de futuro que como soluciones. El propio contraste entre lo anunciado y lo efectivamente entregado se convirtió en uno de los costos políticos más visibles de la administración.

Las Líneas 4 y 6 del Metro, iniciadas en septiembre de 2023 con inversión inicial estimada en 30 mil millones de pesos, llegaron a la justa mundialista todavía en construcción. Incluso después, una verificación publicada en julio encontró que proyectos promovidos por el gobierno como parte de 30 obras “entregadas” seguían sin operar.

A ello se suma una relación cada vez más deteriorada con sectores empresariales. Desde marzo, la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), encabezada por Jorge Santos Reyna; Coparmex Nuevo León, presidida por Roberto Cantú Alanís; y Canaco Monterrey, que dirige Jaime Herrera Casso, ponen sobre la mesa denuncias sobre inspecciones, clausuras, cobros presuntamente indebidos y posibles abusos de autoridad. Caintra se sumó a los reclamos empresariales sobre prácticas de extorsión atribuidas a autoridades, mientras que en mayo el propio gobierno terminó por anunciar un esquema para frenar clausuras y amenazas de cierre a negocios. Que la administración haya tenido que responder políticamente a esos señalamientos demuestra que el problema dejó hace tiempo de ser una inconformidad aislada.

El caso más conocido es el de Materiales Triturados Martínez, Matrimar. La empresa acusó en febrero al gobierno estatal de presunta extorsión después de una clausura realizada en Cerralvo y posteriormente presentó una denuncia penal. Matrimar sostuvo que existieron solicitudes de pagos millonarios al margen de la ley; el gobierno de Samuel García rechazó la acusación y aseguró que las actuaciones respondían a obligaciones fiscales y ambientales. Precisamente por eso el caso resulta relevante: no porque exista ya una sentencia que determine responsabilidades, sino porque se convirtió en el ejemplo más visible de la desconfianza que hoy existe entre una parte del sector productivo y la administración estatal.

En ese contexto vuelven a aparecer nombres como el del secretario general de gobierno, Miguel Ángel “Mike” Flores Serna, mencionado en el caso Matrimar luego que su nombre figurara entre las referencias contenidas en el audio que detonó las denuncias por presunta extorsión. También se menciona a Félix Guadalupe Arratia Cruz, quien desde el 14 de abril ocupa la Secretaría de Igualdad e Inclusión. Arratia no es un desconocido dentro del aparato recaudatorio del estado: entre 2021 y noviembre de 2022 fue subsecretario de Administración Tributaria y, al dejar el cargo, reconoció públicamente la existencia de ocho carpetas de investigación en su contra ante la Fiscalía estatal y la Fiscalía Anticorrupción. Una de ellas estaba relacionada con señalamientos por presunto abuso de autoridad, chantaje y amenazas.

No es raro que en distintos sectores productivos su nombre vuelve a mencionarse informalmente como un operador político de la administración, circunstancia que obliga todavía más a separar los trascendidos de los hechos acreditados. Por eso el problema de Samuel ya no puede reducirse a una obra retrasada, una empresa inconforme o un juicio político detenido por los tribunales. Lo que se acumula es una percepción de gobierno: anuncios que llegan antes que los resultados, conflictos recurrentes con empresarios, acusaciones que terminan judicializadas y un gobernador que encuentra tiempo para combatir cada expediente, pero no siempre para cerrar los pendientes que él mismo convirtió en promesas.