Busca Congreso blindar patrimonio de mujeres tras divorcio
Miguel Villarello
La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, Luz Elena Morales, anunció que se presentará un exhorto al Congreso de la Unión con el objetivo de impulsar reformas en materia fiscal que garanticen el derecho de las mujeres a la titularidad de bienes materiales tras la disolución del vínculo matrimonial. Señaló que esta problemática persiste no sólo en Coahuila, sino en todo el país, debido a estructuras tradicionales que históricamente han limitado el reconocimiento legal del patrimonio de las mujeres. Explicó que, durante el matrimonio o concubinato, los bienes inmuebles suelen registrarse únicamente a nombre de uno de los integrantes de la pareja —frecuentemente el hombre—. Añadió que las mujeres, pese a contribuir de manera directa o indirecta mediante trabajo doméstico no remunerado y labores de cuidado, no logran consolidar derechos legales sobre dichos bienes. Advirtió que, al momento de un divorcio, la transferencia de propiedades acordada en un convenio judicial es interpretada por la autoridad fiscal como un acto gravado, lo que genera una carga económica adicional para las mujeres. Esto ocurre —dijo— porque actualmente no se reconoce como donativo dentro de las exenciones previstas en el Artículo 93, fracción XIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. “Lo que buscamos es justicia tributaria: que estas transferencias, cuando deriven de una sentencia de divorcio y un convenio ratificado judicialmente, queden contempladas dentro de las exenciones fiscales”, agregó. La propuesta plantea incluir de forma explícita en la legislación federal un inciso que contemple estos casos, a fin de evitar interpretaciones que perjudiquen a quienes reciben bienes tras la disolución matrimonial. Ejemplificó que esta situación es frecuente en créditos de vivienda, como los del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, donde, tras un divorcio, la propiedad puede adjudicarse a la mujer; sin embargo, la escrituración puede implicar cargas fiscales inesperadas. También informó que desde el Congreso local se impulsarán acciones a nivel estatal y municipal. Se exhortará a los 38 ayuntamientos a incluir en sus leyes de ingresos disposiciones que contemplen estas transmisiones como exentas o con menor carga tributaria.
