Reconoce Mery a los abogados litigantes
Redacción
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Ángel Mery Ayup, reconoció de manera pública el papel fundamental que han desempeñado las abogadas y abogados de Coahuila en la consolidación de un sistema judicial más sólido, transparente y cercano a la ciudadanía, destacando que su participación ha sido clave para posicionar a la entidad como referente nacional en materia de justicia y Estado de Derecho.
Destacó que el Poder Judicial ha atravesado en los últimos seis años por un proceso de transformación profunda, mismo que, afirmó, no habría sido posible sin el diálogo constante, la colaboración institucional y el compromiso profesional de quienes ejercen el derecho en la entidad.
Destacó que uno de los momentos más complejos para el sistema judicial fue la pandemia por Covid-19, considerada la más importante en los últimos 100 años, la cual obligó a acelerar procesos de digitalización que hoy permiten atender con mayor eficiencia los cerca de 80 mil nuevos asuntos que se reciben cada año en los tribunales del estado. Esta transición tecnológica, dijo, se logró con el acompañamiento activo de litigantes y operadores del sistema.
Resaltó avances relevantes como la implementación de exámenes de mérito, los primeros en casi una década, para la designación de magistraturas distritales, personas juzgadoras, secretarias y actuarias, proceso en el que participaron de manera coordinada las barras de abogados, colegios y universidades de Coahuila, fortaleciendo con ello la profesionalización del sistema judicial.
También hizo referencia a una reforma judicial de gran calado impulsada en la entidad, la cual, a diferencia de otros contextos como el ámbito federal y otras entidades del país, no generó afectaciones en el desahogo de asuntos, situación que atribuyó en buena medida a la responsabilidad y compromiso del gremio jurídico local.
Reconoció que uno de los retos actuales es avanzar en la aceptación y aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, como la mediación, frente a la tradicional cultura litigiosa. Señaló que este proceso requiere apertura tanto de servidores públicos como de profesionistas independientes, así como un diálogo permanente que permita generar mejores prácticas.
Enfatizó que, pese a los avances, existen áreas de oportunidad en la administración de justicia, por lo que reiteró la disposición institucional para mantener un diálogo franco, honesto y autocrítico con todos los operadores del sistema, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y acercarlo aún más a la ciudadanía.
Como parte de esta evolución, anunció que se trabaja en la implementación de un nuevo modelo de gestión judicial, construido en conjunto con los distintos actores del sistema, que busca agilizar los procesos jurisdiccionales y hacerlos más eficientes.
También abordó la importancia de fortalecer la ética profesional en el ejercicio del derecho, subrayando que, debido a la sensibilidad de la defensa jurídica en la vida de las personas, el comportamiento ético debe mantenerse en los más altos estándares. Consideró necesario abrir la discusión sobre temas como la calidad de la educación jurídica y la colegiación obligatoria.
Precisó que las manifestaciones recientes en torno a un caso particular relacionado con el interés superior de un menor deben entenderse como un asunto específico, sobre el cual incluso el pleno del Tribunal Superior de Justicia ya ha fijado postura al interpretar la figura de la violencia vicaria a la luz de criterios de la Suprema Corte.
