Descartan violencia vicaria en caso Karyna
Miguel Villarello
La titular de la Secretaría de las Mujeres en Coahuila, Mayra Valdés, informó que la dependencia da seguimiento al caso de Karyna, el cual ha sido clasificado como violencia familiar en los juzgados penales, por lo que descartó que se trate de violencia vicaria, como se había señalado de manera extraoficial.
Sobre las modificaciones al delito de feminicidio planteadas por la Fiscalía General de la República, destacó que Coahuila se mantiene a la vanguardia a nivel nacional en materia legislativa, especialmente en la tipificación y sanción de este delito; no obstante, indicó que se analizará la propuesta para su posible homologación con la ley estatal.
Respecto al caso Karyna, mencionado por colectivos como un posible hecho de violencia vicaria, la funcionaria explicó que, tras el análisis correspondiente, no se configuraron los elementos necesarios para tipificarlo bajo esa figura, por lo que la atención institucional se encauza como violencia familiar.
Sobre la posible confusión en torno a la iniciativa de reforma al Código Penal estatal —aún pendiente de aprobación en el Congreso—, subrayó la importancia de mantener claridad en los procesos legislativos y en la correcta clasificación de los delitos.
En cuanto al Poder Legislativo, reconoció que la dependencia no puede emitir exhortos directos por tratarse de un poder autónomo; sin embargo, señaló que existe disposición de colaboración con la presidencia del Congreso para trabajar en la homologación de leyes.
En el marco de las actividades del 8M en Ramos Arizpe, donde se develó el mural “Inquebrantables”, Valdés reiteró que la entidad ya cuenta con avances importantes en la materia. Como ejemplo, mencionó la iniciativa federal presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual incorpora elementos que en gran medida ya están contemplados en el Código Penal estatal.
Detalló que, mientras la propuesta federal considera 17 agravantes en casos de feminicidio, en Coahuila ya se contemplan siete, por lo que los ajustes serían mínimos e incluirían aspectos como agravantes en casos que involucren a mujeres indígenas o migrantes. Asimismo, indicó que las sanciones actuales, de 40 a 60 años de prisión, podrían armonizarse con la propuesta federal que plantea penas de hasta 70 años.
Resaltó que en la entidad ya se implementan mecanismos de atención integral para víctimas indirectas de feminicidio, como mesas de trabajo y programas de apoyo que incluyen becas para hijas e hijos.
