Dobleces

Justicia a medias

Israel Mendoza Pérez

@imendozape

La impartición de justicia con perspectiva de género en Hidalgo, prometida por la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Hidalgo (PJEH), Rebeca Aladro Echeverría, se queda en letra muerta e incluso pisoteada por una juzgadora con antecedentes polémicos.

Mientras la magistrada, desde su pontificado, ofreció “un modelo de Juzgados Especializados en Violencia Familiar en contra de las Mujeres en Hidalgo con el que permitirá que un solo juez conozca tanto de la materia penal como de la familiar en asuntos de violencia, guarda y custodia, alimentos, medidas cautelares y la no repetición de actos de violencia, lo cual reducirá significativamente el tiempo de los juicios penales y familiares y con ello ofrecer una protección judicial efectiva a las mujeres víctimas de violencias, así como sus hijas e hijos”.

La realidad en los juzgados es contraria. El expediente 639/2025-IV, resuelto por el juzgado segundo de primera instancia en materia familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, exhibe falta de sensibilidad y perspectiva de género en los fallos relacionados con pensiones alimenticias. Lo ofrecido por Aladro Echeverría solo quedó en papel.

En este caso, la jueza Cecilia Crokman Flores, responsable de dicho expediente, y señalada en mañaneras del expresidente Andrés Manuel López Obrador como juzgadores que favorecen al crimen organizado, decidió reducir a la mitad la pensión alimenticia que el padre de una menor debía cubrir, pese a existir pruebas claras sobre su capacidad económica. Con ello los juzgados especializados solo son una declaración y en la práctica, la perspectiva de género está rezagada.

El caso se originó cuando Carolina N., madre de una niña de ocho años, demandó a su expareja, Edgar N., empleado de una empresa farmacéutica, para garantizar el pago de la pensión alimenticia. Tras varios meses de litigio y con evidencias documentales sobre los ingresos del padre, el juzgado determinó inicialmente una pensión justa. Sin embargo, meses después, y sin un cambio comprobado en las circunstancias económicas del deudor, la jueza Crokman decidió reducir el monto a la mitad, lo que dejó a la menor en una situación de vulnerabilidad. Carolina, además, enfrenta un delicado estado de salud que limita su capacidad laboral, lo que hace que esta decisión judicial tenga consecuencias directas en la vida cotidiana de ambas.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de las Mujeres, siete de cada 10 mujeres que demandan una pensión alimenticia en México enfrentan obstáculos para recibirla de manera regular. En Hidalgo, el Código Penal establece que el incumplimiento en el pago de la pensión puede ser sancionado con penas de tres meses a cinco años de prisión, además de la pérdida de derechos familiares y el pago retroactivo de lo adeudado. Sin embargo, el poder judicial en manos de Aladro Echeverría aún tiene deudas con las mujeres.

El Poder Judicial de Hidalgo tiene en este expediente una oportunidad para corregir y poner bajo la lupa el trabajo de la jueza Cecilia Crokman Flores, ya que se convierte en una pieza endeble en un poder judicial que impulsa el trabajo a favor de las mujeres y una jueza lo ningunea por intereses oscuros.