¿Padres sin justicia? 

CHRISTYAN ESTRADA, JESSICA ROSALES

Aunque no existen cifras oficiales, en México, se estima que entre el 80 y 90 por ciento de la custodia de los hijos tras una separación recae en las madres, quedando bajo el cuidado exclusivo de ellas, lo que en algunos casos genera conflictos legales con la figura paterna que denuncia obstrucción para acceder al derecho de la convivencia.

Asimismo, a pesar de la introducción del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para garantizar el desarrollo integral de los niños, las cifras muestran que 3 de cada 4 hijos de padres separados en el país no reciben la pensión alimentaria que les corresponde, en su mayoría por parte de los padres. 

La custodia puede ser compartida o exclusiva, y los tribunales generalmente consideran el interés superior del menor como principio fundamental. Factores que se evalúan incluyen la capacidad de cada progenitor para cuidar al menor, la estabilidad del hogar, la relación del menor con cada padre, y el historial de violencia doméstica o abuso.

Las denuncias pueden surgir por diversas razones como incumplimiento de régimen de visitas, exposición del menor a situaciones inadecuadas, o conflictos sobre decisiones importantes. 

Cabe mencionar que en México, la paternidad en solitario sigue siendo poco común, pero existen hombres que se hacen cargo por completo de sus hijos, de acuerdo con cifras del INEGI apenas 0.5 % de los hombres se identifican como padres solteros que viven solos con sus hijos, lo que equivale a unos 907 mil papás en todo el país. 

En contraste, la realidad para las mujeres es mucho más dura: datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) revelan que siete de cada diez madres solteras no reciben apoyo económico del padre de sus hijos.

Exparejas usan denuncias falsas para obstruir convivencia paterna, acusan

En Saltillo, un grupo de hombres organizados en el colectivo Padres por la Verdad que por el momento expone alrededor de 20 casos, por lo que recientemente salieron a protestar frente a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF). Aseguran que no son deudores alimentarios, sino padres obstruidos que, pese a cumplir con sus responsabilidades económicas, enfrentan restricciones injustificadas para convivir con sus hijos.

Esa es la historia que comparte Jonny Emmanuel Robles Martínez, cuyo rostro se ilumina cada vez que recuerda los instantes en que pudo reencontrarse con sus hijos. “Se emocionaron, se pusieron muy contentos al volverme a ver”, relata con la voz entrecortada. Pero enseguida la alegría se convierte en indignación: “No hubo un momento en que la madre o los abuelos se separaran de nosotros, como si fuéramos criminales. Lo único que queremos es convivir con ellos. Queremos ser padres”.

Jonny, padre de una niña de siete años y un niño de cinco, resume en sus palabras la lucha de decenas de hombres que aseguran ser víctimas de obstrucción de convivencia en Coahuila. Pese a cumplir con sus obligaciones económicas, enfrentan procesos largos, órdenes de restricción y denuncias que consideran infundadas, lo que les impide ejercer su paternidad.

El testimonio de Jonny es duro. Dice que la madre de sus hijos los trasladó a Colima, a 915 kilómetros de distancia, y que solo le permiten verlos por videollamada durante una hora al día. “He recurrido a amparos, pero se tardan mínimo seis meses. Mientras tanto, nuestros hijos son los que sufren. El derecho no es de nosotros como padres, el derecho es de los niños a convivir con ambas familias”.

Cuenta que cuando logró viajar hasta Colima apenas lo dejaron convivir con ellos 50 minutos en la cochera de una casa, sentado en el piso y bajo el sol. “Todo condicionado, todo reducido a lo económico”, lamenta. Mientras tanto, asegura que los tratamientos médicos que llevaba su hijo en Monterrey fueron suspendidos, y que ahora la madre le exige costearlos para permitirle mantener contacto.

Familias rotas por la falta de convivencias

La historia de Carlos García es distinta, pero la consecuencia es la misma: meses sin ver a sus hijas de 9 y 7 años. Afirma que, tras denunciar violencia contra las menores, recibió como respuesta una acusación en su contra. “Me levantaron una denuncia falsa y enseguida me dieron una orden de restricción. Desde entonces no me permiten convivir con ellas”.

Carlos asegura contar con videos, testigos y pruebas de lo que sus hijas han vivido, pero denuncia que los dictámenes psicológicos solicitados por la Procuraduría se han retrasado. “El tiempo juega en contra. Cada demora permite que las niñas sean coaccionadas, que olviden lo que contaron, y eso nos deja en total indefensión”.

No solo los padres padecen la separación. Karla Rivera, hermana de uno de los afectados, habla desde el dolor de ver a su sobrina rogando que no la regresaran con su madre y abuelo. “No vi nada de empatía en las autoridades. Mi sobrina suplicó, pidió que la escucharan, y no la escucharon. Si en la Procuraduría no se les escucha, ¿entonces dónde?”.

Lo que dice la ley en Coahuila

El Código Civil de Coahuila reconoce la figura de la alienación parental, definida como cualquier acto que tenga por objeto obstaculizar o impedir la convivencia de un menor con alguno de sus progenitores, manipularlo en su contra o provocar rechazo injustificado hacia él.

La ley establece que el juez debe tomar medidas cuando se acredite alienación parental, que van desde terapia psicológica hasta la modificación del régimen de custodia o convivencia. Sin embargo, los padres señalan que en la práctica los mecanismos no se aplican con la misma fuerza que las órdenes de restricción, y que la carga de prueba recae casi siempre sobre ellos, prolongando procesos que desgastan emocional y económicamente.