Camino a Valinor

¿Y ahora, quién podrá defendernos?

José Inocencio Aguirre Willars

¡Hola! Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en que me lean.

Este domingo 1 de junio, México vivió un hecho sin precedentes: la primera elección por voto popular de jueces y magistrados federales, incluyendo la renovación total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y en el caso de Coahuila, la mayor parte de los cargos estatales del Poder Judicial. Sin embargo, este ejercicio democrático ha generado más interrogantes que certezas sobre el futuro de la independencia judicial en el país.

Con una participación ciudadana a nivel nacional de apenas 12%, la más baja registrada en la historia moderna de este país, la legitimidad del proceso electoral se ve cuestionada. La complejidad del sistema de votación, la escasa información sobre los candidatos y la falta de campañas efectivas contribuyeron a este desinterés generalizado. Además, si consideramos cada recuadro de las boletas como un voto por un candidato, hoy se han registraron más de 10 millones de votos nulos, superando en número a los obtenidos por los candidatos más votados.

El resultado de la elección ha favorecido al partido gobernante, Morena, que logró colocar a nueve de sus candidatos en la SCJN, consolidando así su influencia sobre los tres poderes del Estado. Aunque la elección de Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco con trayectoria en la defensa de los derechos indígenas, representa un avance en términos de diversidad, su vinculación con el oficialismo plantea dudas sobre su independencia.

Este escenario plantea riesgos significativos para el equilibrio de poderes en México. La concentración de poder en un solo partido, y por qué no decirlo, en una sola persona en la forma de la presidenta de la república, puede debilitar los contrapesos institucionales y erosionar la confianza en el sistema judicial. Además, la politización de la justicia podría afectar la imparcialidad en la resolución de conflictos y la protección de los derechos ciudadanos.

Es fundamental que se realice una evaluación crítica de este proceso electoral y se consideren reformas que garanticen la transparencia, la participación ciudadana y la verdadera independencia del Poder Judicial. Solo así se podrá fortalecer el Estado de derecho y preservar la democracia en México.

El caso de Coahuila es un ejemplo a seguir. Aquí la implementación de la reforma judicial tuvo un matiz más positivo en comparación con el panorama nacional, gracias a un enfoque más estructurado y profesional en la integración de las candidaturas. A diferencia de otros estados, aquí se optó por la votación a través de planillas previamente conformadas, integradas por figuras con trayectoria probada, solvencia técnica y experiencia en la impartición de justicia. Esta decisión fortaleció la confianza ciudadana, lo cual se tradujo en la participación más alta de esta elección, y contribuyó a preservar la institucionalidad del Poder Judicial local, ya que permitió evaluar las propuestas no solo por afinidad política, sino con base en perfiles reales y competencias verificables. Asimismo, al privilegiar el mérito y la capacidad profesional, la reforma judicial en Coahuila se presenta como una oportunidad para modernizar el sistema de justicia, hacer más transparente la elección de sus integrantes y reforzar la legitimidad de las resoluciones que emanan de sus tribunales.

Vale la pena analizar este buen resultado en Coahuila, en donde la confianza ciudadana hacia las instituciones y sus gobernantes, la buena organización de la clase política y la legitimidad con que se dio este proceso son la antesala a lo que vendrá el próximo año en las elecciones para renovar el Congreso del estado.

Saludos a todas y a todos y por aquí nos vemos la próxima semana.